En primer lugar, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Barcelona confirma la estimación de la solicitud del progenitor alimentante de extinción de la pensión alimenticia que hasta este momento venía abonando a favor de su hija mayor de edad.

La alimentista, de 24 años de edad, está trabajando por cuenta ajena desde hace tiempo y obtiene unos ingresos mensuales superiores a los 900,00 Euros. Ello evidencia su plena incorporación al mercado laboral aunque algunos de los contratos fueran temporales.

Por otra parte, la Audiencia considera que, aun siendo admirable el deseo de la hija de seguir estudiando, el mismo puede ser compatibilizado con su actividad laboral. En cualquier caso, ello no impide que se aprecie la concurrencia de causa justificativa de la extinción solicitada por el padre.

La segunda cuestión que se plantea es la retroactividad de la referida extinción.

La hija firmó el último contrato hace dos años, permaneciendo trabajando de forma continua desde esa fecha, por lo que debió comunicar a su padre su incorporación al mundo laboral.

Incumplida esta obligación y continuando la madre cobrando las pensiones de alimentos de su hija pese a saber que ya estaba incorporada al mundo laboral, la Audiencia dispone que estamos ante un supuesto, no de enriquecimiento injusto, sino de abuso de derecho que conlleva la concesión de efectos retroactivos a la extinción de la pensión de alimentos.

Y concluye señalando que dichos efectos deben extenderse a la fecha de la firma del último contrato, que es cuando la hija de los litigantes quedó definitivamente incorporada al mundo laboral de forma continua.

Audiencia Provincial Barcelona, Sentencia 905/2018, 4 Octubre.

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 44/2019, de 23 Enero y 46/2019, de 23 Enero.

El Tribunal Supremo declara la nulidad, por su carácter abusivo, de la cláusula incluida en los contratos de préstamo con garantía hipotecaria que establece que sean de cargo de la parte prestataria la totalidad de los gastos e impuestos derivados de la operación.

Dicha atribución  sin negociación individualizada produce un desequilibrio importante entre los derechos y las obligaciones de las partes dado que, no le corresponde al prestatario en todo caso el abono de la totalidad de los mismos.

Por lo que respecta a los efectos de esta declaración de nulidad y a las cantidades que debe reintegrar la entidad financiera por indebidamente cobradas, por tratarse de pagos que se hacen a terceros y que estos no pueden dejar de percibir, la Sala se pronuncia sobre la distribución de dichos gastos y tributos conforme a la normativa vigente en el momento de la firma del contrato, pero teniendo en cuenta que el préstamo y la hipoteca, aunque figuras jurídicas diferentes, son inescindibles y conforman una institución unitaria.

En primer lugar, y por lo que se refiere a los gastos notariales, el arancel se aplica por un solo concepto, el préstamo hipotecario. Así, la sentencia declara que la intervención notarial interesa a ambas partes, al consumidor por la obtención del préstamo a un interés generalmente inferior al que pagaría en un contrato sin garantía real y al prestamista por la garantía hipotecaria. En consecuencia, procede distribuir por mitad los costes de la matriz de la escritura. Esta misma solución debe predicarse respecto de la escritura de modificación del préstamo hipotecario. Por el contrario, en la escritura de cancelación de la hipoteca es el prestatario el interesado en la liberación del gravamen, por lo que es a él a quien corresponde este gasto. Por último, las copias de las escrituras notariales deberán ser abonadas por quien las solicite.

En segundo lugar, deberán ser abonados por la entidad prestamista los gastos registrales que ocasione la inscripción del contrato de préstamo hipotecario por cuanto la garantía hipotecaria se inscribe a su favor, mientras que el pago de los devengados por la inscripción de la escritura de cancelación, corresponden al prestatario por inscribirse a su favor.

En tercer lugar, la Sala dispone que los gastos de gestoría se sufraguen por mitad por cuanto los servicios del gestor se realizan en interés o beneficio de ambas partes contratantes.

Y en cuarto y último lugar, y respecto al impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, la Sala confirma la doctrina jurisprudencial que señala que el sujeto pasivo del mismo es el prestatario. Considera que no le afecta el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por ser aplicable únicamente a los contratos de préstamo hipotecario celebrados con posterioridad a su vigencia y no contener regulación retroactiva alguna.

Por el contrario, el Alto Tribunal desestima la acción de nulidad de la cláusula que establece una comisión de apertura. No es una partida ajena al precio del préstamo, sino que, junto al interés remuneratorio, constituyen las dos partidas principales del precio del préstamo pues son las principales retribuciones que recibe la entidad financiera por conceder el préstamo al prestatario. Esto es, no corresponden a actuaciones o servicios eventuales.

Además, señala la Sala que la fijación del importe de la comisión de apertura constituye la fijación libre del precio de sus servicios por parte de la entidad financiera y no la repercusión de un gasto.

Por último, la sentencia declara el carácter transparente de dicha comisión. Considera que es de general conocimiento entre los consumidores interesados en contratar un préstamo hipotecario el hecho de que, en la gran mayoría de ellos, la entidad bancaria cobra una comisión de apertura además del interés remuneratorio. La entidad bancaria está obligada a informar sobre ella, siendo uno de los extremos sobre los que versa la publicidad de los Bancos. Y debiendo pagarse por entero en el momento inicial del préstamo, el consumidor medio le presta especial atención como parte sustancial del sacrificio económico que le supone la obtención del préstamo.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, mediante Sentencia número 691/2018 de 21 de diciembre  ha establecido que la distancia establecida en una orden de alejamiento debe medirse en la forma en que determine la resolución judicial que acuerda la medida y, en su defecto, en línea recta.

El delito de quebrantamiento de condena o medida cautelar del artículo 468 del Código Penal requiere, como tipo objetivo, la existencia de una resolución que acuerde una condena, medida de seguridad, prisión, medida cautelar, conducción o custodia. Y que se ejecute una conducta que implique el incumplimiento de la misma. Como tipo subjetivo, el conocimiento de estos elementos, es decir, que el sujeto sepa que existía tal resolución, así como su contenido, y que sepa, igualmente, que con su forma de actuar está incumpliendo lo que la resolución le impone.

Por lo tanto,el elemento subjetivo no consiste en la intención de incumplir la resolución, sino que basta con conocer que, con la conducta que se ejecuta, se incumple.

La Sala determina que

El tribunal fija el criterio correcto para determinar en cada caso si la persona a la que se le ha impuesto una prohibición de aproximación se encuentra a una distancia inferior a la establecida en la misma. Las Audiencias Provinciales daban respuestas distintas a esta cuestión. Unas consideraban que la medición de la distancia debía hacerse en línea recta, y otras, en cambio, teniendo en cuenta el trayecto o los recorridos posibles que puede realizar un viandante andando o transitando por la vía pública.

Con la prohibición de acercarse a una persona, lo que se pretende es dotar de seguridad a la víctima y garantizar que pueda circular y moverse con libertad, sin esperar encontrarse físicamente con el autor de los hechos. De esta forma la medida en línea recta es la que se presenta como más segura.

"Ha de tenerse en cuenta que los avances de la técnica permiten en la actualidad que el control acerca del cumplimiento de la medida se efectúe mediante aparatos telemáticos que miden en línea recta la distancia entre dos puntos. Es cierto que se trata de un aspecto más bien práctico, pero no es irrelevante en cuanto a la garantía de obtener la seguridad que se pretende con la prohibición. En este sentido, resulta más seguro acudir al criterio de la medición en línea recta.

La corrección de los supuestos límites, será posible, en general, acudiendo a dos vías. En primer lugar, mediante el análisis de la concurrencia del elemento subjetivo. Y, en segundo lugar, incluso del objetivo, especialmente en los casos en los que, aunque la distancia prohibida haya sido rebasada, las características del lugar excluyen de forma absoluta la posibilidad de que la presencia en el mismo del sujeto obligado pueda perturbar de forma alguna la seguridad o la tranquilidad actuales o futuras de la víctima".